En un mundo donde la diversidad de creencias y prácticas religiosas forma parte del tejido social, resulta profundamente perturbador ser testigos de actos de intolerancia y violencia que atentan contra la libertad religiosa. Recientemente, a través de una publicación del periódico El Gráfico, hemos visto una serie de agresiones que han sacudido a la comunidad de la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión en las localidades de Coamila y Rancho Grande, México. Este artículo busca arrojar luz sobre la situación y hacer un llamado a las autoridades competentes para que tomen acción inmediata.
Según el reporte, los miembros de esta comunidad religiosa han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por individuos armados con machetes, quienes no solo han amenazado su integridad física sino que también han quemado sus cosechas y viviendas, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad. Además, se les ha despojado de sus hogares y se les ha negado el acceso a servicios básicos como la educación, el agua potable, programas gubernamentales, la libre circulación y la posesión de tierras. Estos hechos no son incidentes aislados, sino que representan una persecución sostenida durante ocho años.
Ante esta alarmante realidad, es imperativo que las autoridades correspondientes investiguen con prontitud y profundidad los hechos reportados por El Gráfico para verificar su veracidad y determinar las causas subyacentes de estos actos inhumanos. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, personas sean sometidas a tal grado de opresión por el simple hecho de ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
La libertad religiosa es un pilar fundamental en cualquier sociedad que se precie de ser democrática y respetuosa de los derechos humanos. Este derecho está consagrado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 18 protege no solo la libertad de tener o adoptar una religión o creencia de la elección de uno, sino también la libertad de manifestar dicha religión o creencia en enseñanza, práctica, culto y observancia.
Es crucial comprender que el ejercicio de esta libertad no se limita a las religiones tradicionales o mayoritarias. El artículo 18 ampara igualmente las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia. Por lo tanto, cualquier forma de discriminación o violencia basada en la religión o las convicciones personales es una violación directa a este precepto.
El derecho a la libertad de pensamiento y conciencia es absoluto e incondicional. No se puede coartar ni siquiera en situaciones excepcionales. Es por ello que instamos a las autoridades mexicanas a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los miembros de la Iglesia Bautista Fundamental La Gran Comisión. Es menester que se brinde protección a estas personas y se les restituyan sus derechos y propiedades.
Además, es necesario establecer un diálogo constructivo que promueva la tolerancia y el respeto mutuo entre las diferentes comunidades religiosas del país. La educación juega un papel crucial en este proceso, enseñando a las futuras generaciones el valor del pluralismo religioso y el respeto a la diversidad.
En conclusión, lo acontecido en Coamila y Rancho Grande es un recordatorio sombrío de que aún hay mucho trabajo por hacer en la lucha contra la intolerancia religiosa. Hacemos un llamado a las autoridades para que actúen con diligencia y justicia, asegurando que estos actos no queden impunes y que se restablezca el tejido social basado en el respeto a los derechos humanos fundamentales. Que la esperanza y la solidaridad prevalezcan sobre el odio y la división.
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